Varias diputadas de Ciudadanos, junto a la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, fueron increpadas y agredidas con latas de bebida y monedas por parte de algunos manifestantes al salir del Congreso tras el debate y la votación en la que Rajoy fue investido.

El partido que lidera Abert Rivera quiere que el Congreso exprese de forma institucional la condena a ese comportamiento y el rechazo "a toda conducta violenta ejercida contra las instituciones democráticas o sus representantes".

"Los partidos reiteramos nuestro compromiso con los valores de la democracia representativa que encarna la Constitución de 1978, bajo la cual nuestro país ha conocido los años más prósperos de su historia. En coherencia con ese respeto constitucional, defendemos como un derecho fundamental básico la libertad de reunión y manifestación, así como la libre expresión del descontento de la ciudadanía. Pero igualmente, entendemos que el ejercicio de la función representativa exige un clima de respeto que no puede ser quebrantado con comportamientos violentos y coactivos que limiten la libertad de aquellos que han sido elegidos democráticamente para representar a los ciudadanos", dice ese texto propuesto por la formación.

Por lo tanto, añade, conductas como la de esos manifestantes, "sean cuales sean sus orígenes y se dirijan contra cualesquiera representantes públicos, constituyen un ataque a las instituciones democráticas que debe ser condenado y en ningún caso alentado o tolerado por aquellos que dicen respetar la democracia y el Estado de derecho".

Dado que no es la primera vez que suceden esos incidentes ante instituciones públicas, la formación hace un llamamiento para que la discusión pública "transcurra en un ambiente de libre confrontación de las ideas, de diálogo y de respeto a las instituciones y sus actores".

"La responsabilidad nos exige a los representantes públicos en este nuevo tiempo hacer del diálogo un valor frente al odio y la intolerancia, convertir el debate en un arma más potente que el insulto y no aceptar nunca la violencia como herramienta para la discrepancia política", dice el texto.

Por ello, con la declaración institucional quieren que el Congreso muestre "su rotundo rechazo a todo tipo de agresión, coacción o vejación dirigido contra cualquier miembro de esta Cámara o del resto de instituciones democráticas"; exprese su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución; y solicite la colaboración de actores políticos, poderes públicos y del conjunto de la sociedad para que la legítima discusión y el debate político transcurran, en todo momento, por los cauces del respeto y la tolerancia necesarios para el correcto desempeño de la función representativa que los ciudadanos nos han encomendado".

Para que el texto se convierta en una declaración institucional debe ser aceptada por todos los partidos representados en el Congreso de los Diputados.