Irene Montero subrayó que esos siete internos podían aportar información revelante para las denuncias interpuestas por SOS Racismo y por Coordinadora de Barrios y esclarecer si ha habido episodios de malos tratos.

Los testimonios recabados por Podemos, agregó Montero, son "coherentes" con esa denuncia y por ello aumenta la preocupación y el interés por saber si esos internos han sido expulsados o trasladados a otro centro de internamiento.

En todo caso, Montero considera que más allá de lo ocurrido aquella noche los CIE son "un agujero negro de derechos humanos" y el único en el que se respetan es "el que está cerrado". "No se puede privar de libertad a una persona por la falta administrativa", dijo, y si ha habido alguna violación de derechos humanos hay que sacarla de la impunidad y seguir exigiendo el cierre de esos centros.

La portavoz en la Comisión, Ione Belarra, explicó que pedirán también explicaciones sobre por qué los internos implicados en esas protestas y los que denuncian malos tratos no son evaluados por personal sanitario "independiente" que en caso necesario pueda hacer un parte de lesiones.

Avanzó que su grupo hará un "seguimiento exhaustivo" de las posibles vulneraciones de los derechos humanos en los centros "hasta que consigamos cerrarlos".

Por su parte, Rafael Mayoral criticó que la Mesa de la Comisión de Interior no haya contestado a su petición para que los medios de comunicación acreditados en el Congreso de los Diputados pudieran acompañarlos en esa visita y acreditar la información que les proporcionan. Considera que en una visita institucional a un centro gestionado por la Administración debe "operar plena transparencia".