En rueda de prensa, tras una maratoniana tarde de consultas con los sectores implicados, Gabilondo dijo que "prestaremos más atención a quienes apoyen el pacto que a los que puedan oponerse a él" para ver con qué apoyo contamos y "conocer si merece la pena seguir adelante".

Para a continuación precisar que, aunque "no no es indiferente la posición del PP, puesto que queremos dotar de estabilidad al sistema educativo", tal situación (un rechazo del PP) "tampoco tendría por qué invalidar el resultado del acuerdo".

Sin embargo, agregó, "es una hipótesis que no queremos contemplar pues esperamos estar a la altura de la demanda social expresada por los ciudadanos".

Gabilondo calificó de "muy positiva" la respuesta obtenida en la cuatro mesas de diálogo donde este jueves presentó su propuesta final de pacto educativo (diálogo social, comunidad educativa, conferencia sectorial y partidos políticos), y afirmó que, "con independencia del resultado, el proceso ya ha sido muy fructífero por sí solo".

Por último, pidió "responsabilidad" a todas las partes implicadas, motivo por el que en cada mesa se presentó un anexo distinto al texto del pacto "para que cada cual conozca los compromisos que asume al firmar".

EL PP, MÁS PROCLIVE A ACUERDOS PUNTUALES

Por su parte, la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, declaró que, "a fecha de hoy, estamos más cerca de alcanzar acuerdos puntuales que de conseguir un pacto de Estado".

"No nos parece serio que se hayan presentado documentos distintos en función de cada mesa", criticó, "pues parece que lo que quiere (Gabilondo) es contentar a todos y no termina de contestar a ninguno", prosiguió Moneo.

Sin embargo, el diputado popular Alfonso Alonso destacó "la cordialidad y la buena voluntad del ministerio, que ha abierto un diálogo que estaba roto hasta entonces".

Por ello, aseguró que el PP analizará y estudiará el documento presentado, a fin de dar una respuesta el 6 de mayo, fecha fijada por el ministerio.

Según Aitor Esteban (PNV), el documento carece de concreción, mientras que Joan Tardá, de ERC, criticó que el texto no garantiza una "debida protección" a la lenguas cooficiales en las distintas comunidades autónomas.