Así se expresa el sindicato en un comunicado, en el que afirma que “el Estado debe proteger a aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad, que sufren la pobreza en todos sus ámbitos, incluida la energética”.

Por ello, reitera que el bono social era “una medida de justicia”, por lo que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a las eléctricas y obliga a devolverles lo que pagaron.

Por último, apunta que “es necesario establecer una regulación para asegurar el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas”.