En un comunicado, el Defensor del Pueblo defiende también que el decreto respeta el derecho a la libertad sindical y que no supone una privación de los derechos de estos empleados públicos.

Tampoco considera denunciable la suspensión temporal del derecho de los controladores aéreos a obtener la licencia especial retribuida a los 52 años.

Esta normativa, que ha sido modificada por las Cortes, regula la prestación de servicio de transporte aéreo, establece las obligaciones de los proveedores de dichos servicios y fija las condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra esta ley en la Audiencia Nacional. La vista pública se celebrará el próximo 5 de mayo.