“Dicha decisión voluntaria, sin esperar a la sentencia sobre el caso, pone de manifiesto la importancia de que todas las administraciones públicas realicen una oportuna revisión de sus actuaciones teniendo en cuenta la normativa de competencia y la regulación económica eficiente”, señala la CNMC en un comunicado.

Esta comisión acordó en mayo de 2014 interponer un recurso contencioso-administrativo contra el apartado 3.9 de la instrucción de la Generalitat de Cataluña, donde se imponía como criterio de adjudicación en las licitaciones autonómicas el de la proximidad de las delegaciones de las empresas que fueran a optar al concurso o de su estructura de gestión.

Para la CNMC, la exigencia de criterios de territorialidad a las empresas supone un obstáculo a la competencia efectiva, ya que dicha restricción representa una barrera de entrada al mercado que reduce la cantidad y calidad de los posibles oferentes.

Además, advierte de que favorecer a los operadores ya establecidos en un determinado entorno geográfico no tiene justificación desde la óptica del principio de salvaguarda de la libre competencia, principio fundamental de la normativa de contratación pública española y comunitaria.

La CNMC está legitimada para impugnar los actos de las administraciones públicas sujetos al Derecho administrativo y las disposiciones de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

El recurso al artículo 5.4 por parte de la CNMC y la elección de la opción favorable a la competencia, por parte de la Generalitat, han evitado, en esta ocasión, la necesidad de esperar a la terminación del proceso judicial y ha facilitado una solución satisfactoria que incrementa la competencia en la contratación pública y la eficiencia en el gasto público.