Así se ha decidido tras el debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario Popular Vasco, sobre "la interposición de una querella criminal contra quienes han imputado un delito de torturas a la Ertzaintza tras la detención de varios presuntos miembros de la banda terrorista ETA".

El diputado popular vasco que defendió la propuesta, Carlos Urquijo, señaló que esta decisión supone "un punto de inflexión" frente a lo que hizo hasta la fecha el Gobierno vasco al presentar una querella "contra los que han difamado a la Ertzaintza acusándola de torturas", en referencia a la acusación el pasado 8 de febrero de varios abogados defensores de etarras que habían sido detenidos por la Ertzaintza, un cuerpo que, según estos letrados, "tortura a las órdenes de Ares".

Con estas acusaciones, según Urquijo, los etarras buscan justificar los ataques a cualquier fuerza de seguridad, lo cual es para ellos "una estrategia habitual", pretendiendo cuestionar y desprestigiar la labor policial.

Por ello, pidió al consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, que presente la querella criminal, al igual que solicitó el portavoz del PSE, José Antonio Pastor.

Pastor señaló que la querella no se presenta para avalar al Gobierno vasco ni a su consejero de Interior, sino para poner en valor la labor de la policía autónoma, por lo que entiende que debería haber unanimidad en este asunto para que no se aleguen torturas cada vez que se detiene a terroristas.

APOYO DE UPyD

Desde UPyD, Gorka Maneiro apoyó la propuesta al afirmar que se debe perseguir "a los que calumnian, injurian y dan falso testimonio contra la Ertzaintza" y defendió que esta denuncia se pueda plantear de forma automática cada vez que se acuse a la policía autónoma vasca de torturas.

Desde el Grupo Mixto, Jesús María Larrazábal señaló que respalda a la Ertzaintza, aunque el procedimiento de estudiar una denuncia por torturas se practica en todos los países democráticos.

Por su parte, el diputado del PNV Mikel Martínez señaló que no pueden apoyar una propuesta "que nos parece un despropósito" y se preguntó si las denuncias por torturas fueron trasladadas a los juzgados, ya que "si no hay recorrido judicial, la cuestión no merece comentario y se descalifica por sí misma". Asimismo, pidió abolir el régimen de incomunicación para los detenidos.