La diputada del BNG, Olaya Fernández, había presentado una proposición no de ley sobre la necesidad de dotar de más recursos a las Comunidades Autónomas para la aplicación de la Ley de Dependencia, que gracias al consenso, se convirtió en una enmienda transaccional en la que además de pedir la simplificación de los procedimientos administrativos en la tramitación de las ayudas también propone acuerdos sobre los criterios de distribución de los créditos de nivel acordado, en los que recoja expresamente el factor de dispersión geográfica, el coste efectivo de los servicios o las condiciones socioeconómicas de cada comunidad, incorporando en la ponderación un mayor peso del número de beneficiarios de la Ley.

La otra proposición no de ley sobre la evaluación de la norma sobre dependencia presentada por el gurpo socialista también se transformó en transaccional y determinó los aspectos en los que debe centrarse la evaluación de la norma.

Los grupos parlamentarios sostienen que esta evaluación debe fijarse en "la igualdad en el acceso, la prestación preferente de servicios públicos mediante oferta pública de la red de servicios sociales, la calidad de las prestaciones y del empleo, la calidad de la información, el impacto en la generación de empleo de la Ley de Dependencia, el esfuerzo de la ccooperación entre la Administración General y las autonomías y sobre la financiación del sistema.