Según el presidente de esta confederación, “las entidades de discapacidad no estamos satisfechas con la implantación de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en España y pedimos a la Administración que se convierta en un referente en esta materia y fomente el acceso al empleo, la no discriminación y la accesibilidad universal”.

Además, reconoció el avance que supondrá “la obligación que tienen las grandes empresas de publicar memorias de responsabilidad social y sostenibilidad en 2017 y que la Administración debe ir más allá e incluir cláusulas sociales mucho más ambiciosas en la adaptación normativa sobre contratación pública que está pendiente de realizarse”.

Como ejemplos de cláusulas, Queiruga destacó en una nota informativa “el cumplimiento de la reserva legal de empleo para personas con discapacidad, que la empresa no haya sido sancionada gravemente por discriminar a nuestro colectivo, así como priorizar su contratación y aquellos productos y servicios que sigan los principios de accesibilidad universal y el diseño para todas las personas”.

Además, subrayó la necesidad de que la Administración proteja a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, nacidos desde el movimiento asociativo, obligando a las propias administraciones a reservar un porcentaje de su contratación