Entre las propuestas planteadas se encuentra la homogeneización de las legislaciones urbanísticas de las distintas comunidades autónomas con el texto refundido de la Ley del Suelo vigente desde el 26 de junio de 2008.

“Se trata de buscar elementos de coherencia entre las leyes autonómicas y la estatal, y no de introducir elementos de discordia”, dijo Gordo, quien explicó que IU pretende evitar que el Gobierno regional siga adelante con la modificación que hizo “por la puerta de atrás”, el pasado mes de diciembre, al introducirla en la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto Generales de 2010..

Gordo, tras reunirse con alcaldes, portavoces y ediles de urbanismo de esta formación, dijo que el Gobierno modificó íntegramente el artículo 161: “Actuaciones basadas en la urgencia o el interés regional” con el fin de reducir el papel de los ayuntamientos, en materia de urbanismo, a meros conocedores de licencias municipales y de meros informantes”.

A su juicio, “los ayuntamientos están sometidos a plazos leoninos (que pueden llegar a ser de 10 días, para indicar si los proyectos urbanísticos que le son sometidos se ajustan o no al planeamiento urbanístico.

Además, señaló, se determina que los proyectos tendrán la garantía del silencio positivo en el caso de que el Ayuntamiento demore su casi inútil informe”

Gordo consideró que con las modificaciones de la Ley del Suelo planteadas por el Gobierno regional “lo que se pretende es sustraer a los ayuntamientos su capacidad de planificar sus recursos territoriales, limitando su intervención a dictámenes administrativos a posteriori de las iniciativas privadas en un territorio desregularizado”.