En declaraciones a los periodistas tras reunirse en el Congreso de los Diputados con representantes del PP, Borra explicó que la organización está preparando cientos de demandas de interinos cesados en los últimos meses que “pensamos tienen derecho a recibir esa indemnización”.

Además, el presidente de CSIF reclamó una reunión con la titular de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, pues el sindicato no se siente representado por CCOO y UGT, que mantuvieron un encuentro con la ministra el pasado lunes sobre este tema.

Borra indicó que el PP se ha mostrado “receptivo a los problemas que les hemos planteado, reconocen que es una situación novedosa y que se están haciendo eco los tribunales españoles”.

“También ven la necesidad de analizar el coste de esta medida, cómo le puede afectar a las administraciones y evitar el colapso de los tribunales”, agregó. En este sentido, Borra apuntó que en la actualidad hay 300.000 interinos que si fueran cesados podrían recurrir.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Empleo, José Ignacio Echániz, explicó que el Gobierno ya está estudiando el alcance de las medidas que se han de adoptar para trasladar la sentencia europea al ordenamiento jurídico español, algo que indicó no es sencillo, aunque aseguró que “están comprometidos a mejorar la legislación laboral”.

“Están esos procesos en marcha y desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a acompañar esas decisiones para mejorar la legislación laboral en esas cuestiones”, apuntó Echániz, quien agregó que ha de analizarse bien la “profundidad, extensión y dimensión de las consecuencias”.

El diputado popular destacó la importancia de evitar “un colapso en los juzgados” y garantizó que se buscará una solución “razonable y satisfactoria para el colectivo”, aunque advirtió de que puede tener un “impacto presupuestario importantísimo”.

En este sentido, apeló a la necesidad de “conjugar y equilibrar los deseos de cumplimiento” de las sentencias europeas “con los requerimientos de la UE que piden unos determinados estándares presupuestarios”.