La propuesta salió adelante por 258 votos a favor, 18 en contra y 66 abstenciones. Los representantes del PP, PSOE y Ciudadanos coincidieron, durante el debate en el pleno de la Cámara, en destacar la necesidad de esta iniciativa para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales.

También respaldaron la propuesta el PNV, UPN, Foro Asturias, Nueva Canarias y Coalición Canaria, pues dará más margen presupuestario a las comunidades autónomas.

Los miembros del Grupo Unidos Podemos se abstuvieron en la votación, al igual que los representantes de Compromis; mientras que votaron en contra los de ERC, Partit Demòcrata Català y Bildu.

Además, se acordó la tramitación directa y en lectura única de la iniciativa legislativa. Una vez superado este debate, la tramitación de esta reforma proseguirá el jueves, en el pleno del Congreso, donde se analizarán las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

DEFENSA DE LA PROPUESTA

En el texto presentado por el PP se recoge que cuando como consecuencia de una decisión de la Unión Europea resultara necesario revisar los objetivos ya fijados y el Gobierno se encontrara en funciones, éste podrá adoptar el acuerdo para fijar los nuevos objetivos de déficit y de deuda de cada subsector.

La diputada del PP Matilde Asian fue la encargada de defender la propuesta de reforma de los populares, una iniciativa que aseguró busca “evitar perjuicios a los españoles y minimizar los daños” de tener un Gobierno en funciones.

En este sentido, apuntó que pese a la positiva evolución de la economía española, “la incertidumbre doméstica nos perjudica y por eso hay que adoptar medidas como ésta”. “No tendría sentido”, añadió, no aplicar el mayor margen que da Europa para cumplir el déficit porque “legalmente no se puede aplicar en España”.

Según Asian, con esta reforma se podrá “trasferir la holgura” dada por Bruselas a España en la senda de consolidación fiscal a las comunidades autónomas. De lo contrario, subrayó, “se verá resentida la calidad” de los servicio público y habrá retrasos en el pago a los proveedores.

El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, explicó que su grupo apoyará esta “modificación puntual” de la Ley de Estabilidad para que las regiones “puedan hacer su presupuesto y la educación, sanidad y dependencia”, es decir, “el Estado del bienestar no se vea recortado este año y, sobre todo, el que viene”.

Saura quiso dejar claro que la Ley de Estabilidad no es del PSOE y que están a favor de una reforma de la misma “en profundidad”, pero subrayó que no es algo que se pueda hacer en “dos días”, porque será una “chapuza” que “puede ir contra el Estado del bienestar”.

Por su parte, el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, destacó la necesidad de que la Cámara empiece a legislar en lugar de “seguir mirándonos el ombligo” mientras “España sufre y se embarranca”.

Respecto a la reforma de la Ley de Estabilidad, Roldán indicó que la apoyarán porque “no tenemos otra alternativa”, ya que “si no se aprueba las comunidades autónomas dejarán de ser capaces de proveer los servicios públicos fundamentales”.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, consideró la propuesta del PP “extemporánea, técnicamente inadecuada, insegura, confusa e innecesaria”. En todo caso, pese a todas estas “imperfecciones”, Azpiazu indicó que la apoyarán porque “puede ser positiva para que las comunidades autónomas cierren el ejercicio presupuestario con un poco más de holgura”.

Dentro del Grupo Mixto, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo señaló que pese a la “frontal confrontación con las políticas de austeridad del PP” apoyan la iniciativa porque da más margen a las comunidades en la reducción del déficit.

Ana Oramas, de Coalición Canaria, indicó que respaldan la medida porque se necesitan “ingresos añadidos para cubrir sistemas básicos en salud y educación que el modelo de financiación injusto e insolidario” con las islas no permite.

También apoyaron la propuesta representantes de Foro Asturias y de UPN, Isidro Martínez Oblanca e Íñigo Alli, respectivamente.

CRÍTICAS

Desde las filas de Unidos Podemos, Alberto Garzón señaló que “estamos a favor de más flexibilidad, pero defendemos que el déficit no es lo prioritario” y sí lo es “la vida de la gente”. Garzón indicó que hay que reducir el déficit pero no a costa de “acabar dejando por el camino a la mayoría social de este país”.

Del mismo grupo parlamentario, Alberto Montero denunció la “irresponsabilidad manifiesta” del Gobierno en su política fiscal y arremetió contra la aplicación del “rigor presupuestario”.

Por su parte, Josep Vendrell, también de este grupo pero como representante de En Comú Podem, destacó que hay que aprovechar esta iniciativa para hacer un “cambio profundo” en la Ley de Estabilidad que “ponga fin a la hegemonía de la austeridad”.

EN CONTRA

ERC, a través de la diputada Ester Capella, llamó la atención sobre la “arbitrariedad” del Gobierno central en la fijación de los objetivos de déficit en cada subsector de la Administración, algo que tildó de “ilegítimo éticamente”.

Capella dijo que el Estado “retuerce” a las comunidades autónomas y entes locales que son quienes prestan servicios directos a la ciudadanía, y abogó por eliminar organismos sin competencias como los ministerios de Sanidad o Cultura y las diputaciones provinciales.

Al rechazo a la propuesta del PP se sumó Bildu. La diputada Marian Beitialarrangoitia reclamó poder “decidir nosotros sobre las políticas de endeudamiento y sobre el ritmo” de reducción del déficit en el País Vasco.

Además, el diputado de Compromís Ignasi Candelas acusó al Gobierno de ir se “salva patrias” y denunció el “chantaje y la presión” a las comunidades autónomas.

Por su parte, el diputado de Partit Demòcrata Català Ferrán Bel reclamó para las comunidades la flexibilidad en el déficit que le correspondería de verdad en lugar de sólo una parte y criticó el “chantaje emocional” de “si no votan, no van a tener este mayor margen”.