A través de una interpelación dirigida al consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, Urquijo recordó que la Audiencia Nacional, en 2001, y el Tribunal Supremo, en 2003, comunicaron al Departamento de Interior la suspensión, primero, y la ilegalización, después, de Batasuna.

“Dicha comunicación se realizaba a efectos de que el Departamento de Interior estuviera vigilante para que se cumplieran dichas resoluciones, evitando cualquier tipo de actividad del partido ilegalizado”, advirtió.

La iniciativa se enmarca en las informaciones conocidas hoy que apuntan a que una comisión de ese partido ilegal, formada por Jone Goiricelaia, Jone Gorrotxategi e Iñaki Olalde, habría mantenido reuniones formales con el PNV el pasado 18 de marzo.

Igualmente se asegura que su voluntad sería mantener idénticos encuentros con otros partidos para tratar de recuperar el protagonismo político perdido con su ilegalización.

“De haberse producido esta burla al Estado de Derecho no debe ser tolerada por un Gobierno que ha hecho del respeto a la Ley una seña de identidad de su acción de gobierno”, insistió.

Finalmente, sentenció que “no podemos consentir que la formación ilegalizada intente saltarse aquellas decisiones que son la garantía del funcionamiento de nuestro Estado de derecho”.