El funcionamiento de estos registros precisa de la aprobación del Tribunal de Defensa de la Competencia, que dio el viso bueno al primero en 1990, si bien la mayoría de las solicitudes llegaron a partir de 1993, y arreciaron a lo largo del 94 y lo que va de este ejercicio.

Las condiciones establecidas en la mayoría de las autorizaciones concedidas por el tribunal fijan en cinco años, renovables, el periodo de vigencia del registro, así como la voluntariedad de apuntarse a ellos.

La doctrina sentada por el tribunal considera que los registros de morosos cumplen "una importante función de clarificación de saneamieno de la actividad comercial de las empresas", a condición de que no establezcan cláusulas que obliguen a todos los asociados a adoptar una misma conducta, lo que sería contrario a la libre competencia.

La avalancha de solicitudes de aprobación de registros de morosos (todavía hace un año sólo estaban autorizados 24) es consecuencia directa de la crisis y de las dificultades de muchas empresas para cobrar a sus clientes, que pueden ser particulares u otras empresas.

Entre los registros aprobados fguran el Registro de Aceptaciones de Impagados (RAI), que trabaja para la banca y las cajas de ahorros, y que gestiona actualmente el llamado Centro de Cooperación Interbancaria.

También han sido autorizados el de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad, el de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes, el de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, el de la Asociación de Industrias de Carne de España, la Asociación de Entidades de Financiación, y el d Fedicine (la patronal de las distribuidoras cinematográficas).