El departamento que dirige Rafael Catalá ha dictado una orden, publicada en el BOE, que determina que las personas con discapacidad “dispondrán de los apoyos y ajustes razonables” para acceder a estos exámenes.

Además, las personas que no sepan leer ni escribir o tengan dificultades de aprendizaje podrán solicitar no realizar estas pruebas y el Ministerio de Justicia se encargará de analizar cada caso.

El Defensor del Pueblo ha mostrado a través de un comunicado publicado en su página web su “satisfacción” con esta reforma, porque recoge sus “recomendaciones para evitar la discriminación de estos colectivos en las pruebas de acceso a la nacionalidad por residencia”.