El establecimiento de una Renta Garantizada de Ciudadanía supone el reconocimiento de un nuevo derecho subjetivo que beneficiará a las personas que se encuentran en situación de exclusión social. Este derecho está contemplado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y el proyecto de Ley determina las condiciones de su disfrute.

El contenido del proyecto es fruto del consenso y fue acordado el pasado 28 de diciembre de 2009 en el Consejo del Diálogo Social, que reúne a la Junta de Castilla y León y a los agentes sociales.

Entre otros aspectos, el proyecto de Ley establece el carácter y finalidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía, sus beneficiarios, requisitos para su percepción, cuantía de la misma, normas de procedimiento para su percepción, acciones para superar la situación de exclusión social, órganos competentes para la gestión de la Renta y mecanismos de seguimiento y control.

BENEFICIARIOS

Podrán solicitar la percepción de este derecho los ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años de edad, los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y a las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la Comunidad desde otra región de España.

El proyecto de Ley mantiene una especial sensibilidad con las mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, el proyecto otorga a la Renta la consideración de renta familiar, esto es, la consideración de beneficiarios tanto a su titular como a los restantes miembros de la unidad familiar o de convivencia.

La cuantía básica mensual de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía será el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente.

A esta cuantía básica hay que añadir un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación. Este complemento es del 25 por ciento de la cuantía básica por el primer miembro, 15% por el segundo y 10% por el tercero y siguientes.