Según aseguran los jubilados, el Gobierno venezolano les adeuda 10 meses de pensión y han pedido al Defensor del Pueblo que medie para resolver su problema.

En su misiva al Defensor del Pueblo de Venezuela, Soledad Becerril hace hincapié en la situación de especial vulnerabilidad de estas personas, muchas de ellas enfermas o con discapacidad, que subsisten gracias a su pensión, ya que no pueden ingresar en el mercado laboral por estar ya jubiladas, según informó hoy el Defensor.