El PSOE insta al Consejo de Gobierno a que en el plazo de dos meses se dirija al Consejo General del Poder Judicial “con la finalidad de interesar su adhesión al Protocolo de Actuación en Causas Complejas por Corrupción aprobado en 2016, comprometiéndose a la dotación de medios personales y materiales en el marco de las actuaciones que se establecen en el protocolo”.

Asimismo, se propone que “se impulse la celebración con el CGPJ de un convenio por el que la Comunidad de Madrid aporte los medios personales o materiales extraordinarios, cuando se requiera una medida de apoyo para la instrucción de las causas por corrupción en los juzgados o tribunales de la Comunidad de Madrid”.

El PSOE también solicita que se proceda a “la inmediata cobertura de todas las plazas vacantes en los juzgados de instrucción, de lo penal, fiscalías y Audiencias Provinciales de la Comunidad de Madrid”.

Llop, juez en excedencia, expone en la citada iniciativa que “la prevención de la corrupción, a través de medidas como la transparencia institucional, la formación, educación, transmisión de valores democráticos, es esencial para erradicar esta lacra, pero una vez que el delito se ha cometido, los órganos judiciales son los competentes para sancionar estas conductas, castigando a los corruptos y a los corruptores y evitando la impunidad de estas prácticas que ocasionan un perjuicio enorme para la sociedad”. Para ello, añade Llop, “los órganos judiciales y las fiscalías necesitan contar con los medios materiales y recursos humanos suficientes”.

A su juicio, “sin tales medios la respuesta institucional no será eficaz, por lo que es imprescindible que las instituciones competentes en la dotación de recursos a la Administración de Justicia se comprometan seriamente a luchar contra la corrupción colaborando con la Administración de Justicia”.

En la iniciativa se expone que el Consejo General del Poder Judicial elaboró en junio de 2016 un Protocolo de Actuación en Causas Complejas por Corrupción y se explica que en este documento “se prevé la audiencia de las comunidades autónomas y del Ministerio de Justicia, competentes en materia de dotación de medios personales y materiales, a los solos efectos de ser oídas, cuando por la naturaleza de la medida se precise la aportación de medios, bien personales o materiales de su competencia, o cuando deban asumir el coste”.

Tras valorar “muy positivamente” la iniciativa del CGPJ, en la iniciativa se señala que “es necesario dar un paso más allá, toda vez que la dotación de medios personales y materiales es ajena a su competencia”.

“Sin esta efectiva aportación presupuestaria, el protocolo no tendrá todo el éxito deseado, y por ello es necesario implicar a la Comunidad de Madrid para que emprenda los esfuerzos económicos y contables que sean necesarios planificando con antelación suficiente, a la vista de los datos que le sean facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, para que se puedan incluir en los presupuestos de los próximos años de legislatura, las partidas presupuestarias que den cobertura a esta previsión”.

CRECE LA CORRUPCION

Por otro lado, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, está convencido del aumento de este tipo de delitos y destacó que el informe de la Fiscalía de Madrid señala que en 2015 se produjo un aumento de un 35% de los delitos relacionados con la corrupción.

Explicó que la Mesa de la Asamblea no calificó, en su reunión del pasado martes, una pregunta sobre este informe fiscal, en el que se habla del aumento de casos de prevaricación, violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y se destaca que estos delitos “pueden ser considerados como modalidades delictivas vinculadas a la corrupción que tanto preocupa a la sociedad”. En el citado informe se detalla que se produjeron 1.313 delitos de este tipo durante 2015, un 35% más que en 2014.