Según informó la CNMC, estas resoluciones interrumpían procedimientos para otorgar licencias de obras para nuevos establecimientos de hostelería en la ciudad, y dejaban en suspenso por un período máximo de un año la concesión de nuevas licencias a establecimientos hosteleros.

Competencia considera que estos acuerdos vulnerarían el principio de necesidad de la Ley General de Unidad de Mercado, puesto que existen otras causas distintas de la propia actividad de hostelería que afectan al entorno urbano (la peatonalización de las calles o la aplicación de la legislación antitabaco).

Además, también se constata que existen otros sectores económicos, y no solamente el hostelero, que podrían ser la causa de las incidencias ambientales.

En este sentido, la CNMC considera que los acuerdos podrían también resultar contrarios al principio de proporcionalidad al aplicar la suspensión de licencias a todo el ensanche de Bilbao, cuando la problemática ambiental y urbanística que podría justificar dicha suspensión se produciría, en su caso, solamente en determinadas zonas.

La CNMC está legitimada para interponer un recurso contencioso-administrativo cuando considera que una actuación procedente de cualquier Administración pública implica un obstáculo a la competencia efectiva en los mercados o es contraria a los principios de regulación económica eficiente.