Estos dos sindicatos informaron de que este lunes presentaron en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) su escrito de acusación en el sumario del 9-N, donde piden que el expresidente de la Generalitat y sus dos exconsejeras sean acusadas de los delitos de desobediencia, prevaricación por omisión y malversación de fondos públicos.

Estos agentes fundan sus peticiones de pena en que consideran “probado” que la consulta de autodeterminación de finales de 2014 “fue llevada a cabo gracias a la utilización de cuantiosos fondos públicos que facilitaron la indispensable infraestructura informática y logística para que la misma se realizara”.

Según el SPP y la UFP, este referéndum tuvo un “coste acreditado” de 4,7 millones de euros. A esta cantidad se añade la utilización de los 7.000 ordenadores adquiridos con dinero público y que se usaron para la consulta.

DINERO PÚBLICO PARA UN “ACTO ILEGAL”

Estos sindicatos sostienen que “esta cantidad de dinero público no fue destinada al desarrollo de una función pública, ni aplicada a un fin lícito, sino que se destinó, indebidamente, a la celebración de un acto ilegal, que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional”.

Por este motivo, estos agentes piden juzgar a Mas, Rigau y Otega, en primer lugar, por el delito de desobediencia grave, por lo que se pide la pena de multa de doce meses a razón de 100 euros por día e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años.

También se pide juzgar a estos tres exmiembros de la Generalitat por el delito de prevaricación administrativa, que conlleva la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años. Por último, se reclama para los acusados la imputación del delito de malversación de caudales públicos y una pena de prisión de seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años.