Los comparecientes, Ginés López Rodríguez, exalcalde de Arganda del Rey, e Ignacio Palacios Arazuri, exmiembro del Consejo de Administración de Nuevo Arpegio, “no han dado la cara y nos hubiese gustado que explicasen lo sucedido”, dijo el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra.

“Nos hemos quedado con la duda de saber lo que paso”, manifestó Zafra, quien explicó que Palacios, “acusado de ser testaferro” del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, “se ha negado a declarar porque está siendo investigado en la 'Operación Púnica'”. Afirmó que “tenemos que aceptarlo, aunque hubiese sido un buen momento para explicar las acusaciones”.

Sobre López, indicó que “tampoco ha sido capaz de explicar cómo ha sido posible que 'Rock in Rio' llegara a Arganda y cuánto dinero dejó” al Ayuntamiento de esta localidad.

Asimismo, se preguntó “cómo consiguió convencer a Arpegio para que le cediese los terrenos, le montase las infraestructuras y Arganda tuviese un trato especial respecto al resto de ayuntamientos”.

El diputado de Podemos Miguel Ongil dijo que “lamentablemente”, con estas comparecencias, “no hemos podido concluir demasiado”. Respecto al exalcalde López, dijo que “se ha ido enrocando para explicar por qué años después de un convenio que parecía que favorecía desde Arpegio a Arganda, no ha dado ningún fruto y ha endeudado a los madrileños”.

Sobre la comparecencia de Palacios, que se acogió a su derecho a no declarar, recordó que “fue una persona de la máxima confianza de Granados durante 15 años, tanto en el Ayuntamiento de Valdemoro como en la Comunidad, y que aunque tenía muchas cosas que responder, no ha querido declarar”.

“Es lamentable que un exalto cargo haya sido incapaz de contestar sobre las cosas más sencillas”, según Ongil, quien añadió que “nos ha defraudado”. “Podía haber mostrado un poco más de responsabilidad y ética y contestar a los madrileños”, manifestó.

Por su parte, la diputada socialista Encarnación Moya indicó que es “lógico que no quiera declarar para que sus manifestaciones no sean utilizadas en el juicio en el que está inmerso”.

No obstante, señaló que, aunque respeta su derecho a no declarar, refiriéndose a Palacios, “no se entiende que alguien que ha desempeñado cargos públicos y ha vivido del dinero de los madrileños, venga a la Asamblea y no quiera decir nada”.

Asimismo, agregó que el exalcalde de Arganda “tampoco ha aclarado nada y nos hemos quedado como estábamos”.

Finalmente, el diputado del PP Alfonso Serrano apuntó que, a pesar de las críticas de la oposición, “nos parece poco operativo y útil para la comisión de investigación tratar temas judicializados”.

Tras señalar que ambos, imputados uno por el 'caso Gürtel' y el otro por 'la Púnica', “tienen su derecho a no hablar y ya dirimirán sus responsabilidades ante un juez”, afirmó que “me ha parecido mucho más grave que se cuestione la ética por no declarar y que se lancen veladas amenazas de llamar a la mujer Palacios”, también imputada, para que comparezca ante la comisión de investigación.

“Esto de tratar de coaccionar a un compareciente se parece a la camorra italiana”, denunció Serrano, quien destacó que “hemos estado hablando de un convenio de 2005”.

Ignacio Palacios no contestó a ninguna pregunta acogiéndose a su derecho a no declarar y dijo que “no quiero parecer impertinente”. Ginés López, imputado en el 'caso Gürtel', dijo que no sabía que los terrenos destinados a una plataforma logística se iban a dedicar a la celebración de festivales musicales y señaló que este convenio contó con el apoyo de todos los partidos del citado Consistorio.

Además, recordó que desde 2009 ya no es alcalde, negó “irregularidades” y dijo que todo se hizo de manera legal con informes técnicos.

La investigación se centra en hechos acaecidos en julio de 2005, siendo Esperanza Aguirre de presidenta de la Comunidad y Granados consejero de Presidencia, cuando Arpegio adquirió a Gallina Blanca (empresa del grupo Airina S.L.) parcelas entre los municipios de Arganda del Rey, Morata de Tajuña y Perales de Tajuña.

Ese conjunto de parcelas se valoró en unos 20 millones de euros, y una parte de su superficie (246 hectáreas) terminaría siendo la Ciudad de la Música, donde se celebró en tres ocasiones el festival 'Rock in Rio'.

Para cobrar las parcelas, Gallina Blanca pactó dos modos de pago con la Comunidad de Madrid: aproximadamente cinco millones de euros en efectivo y el resto en especie, en este caso parcelas urbanizadas por Arpegio en otras zonas de la Comunidad de Madrid.

Ahora Airina reclama 72 millones (62 del pago en especie más 10 de intereses).