López criticó que “con carácter general, las últimas decisiones de la Fiscalía en este caso ponen de manifiesto su clara vinculación con el poder político, dado que en este procedimiento coinciden todas las decisiones y argumentos de ambos”, y advierte de que “es insostenible en un sistema constitucional esta dependencia Fiscalía-Gobierno”.

La dirigente federal de IU hizo referencia a la orden dada por la Fiscalía General del Estado para provocar la suspensión de las declaraciones de los querellantes que la jueza Servini había citado ante diversos juzgados del Estado español para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista pueden considerarse de genocidio y lesa humanidad

Esta orden se ha canalizado a través de una instrucción de obligado cumplimiento remitida el pasado 30 de septiembre para que todos los representantes del ministerio público en todos los juzgados actúen para suspender esas declaraciones y ha provocado que se impidiese declarar al fundador de IU, Gerardo Iglesias, en un juzgado de instrucción asturiano en relación a las torturas que sufrió durante la dictadura franquista.

Además, López Barceló señaló que esta suspensión de declaraciones alcanza también a las que deberían hacer la casi veintena de cargos y representantes del franquismo imputados, para lo que la Fiscalía alega “la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, la supuesta prescripción de los delitos y el argumento de que el franquismo, en caso de poder ser juzgado, debería serlo en nuestro país y no en ningún otro como Argentina”.

En este sentido, declaró que “el argumento de la Ley de Amnistía o la supuesta prescripción de los hechos no pueden servir para evitar la declaración de testigos” y añadió que el hecho de “que los hechos hayan sido amnistiados o estén prescritos es algo que tendrá que decidir el juez, a la vista de las investigaciones y actuaciones pertinentes, entre ellas la declaración de los testigos”.

DICTADURA IMPUNE

“Esto no puede utilizarse de antemano por la Fiscalía para, precisamente, impedir la investigación. La amnistía y la prescripción se declaran al final del proceso, no en su inicio”, apostilló la responsable de Memoria Democrática de IU.

Asimismo, mostró su preocupación por el hecho de que “parece que en este país sigue siendo más fácil ser ‘Billy el Niño’ que Gerardo Iglesias”, en alusión a Antonio González Pacheco, conocido torturador e inspector de policía durante el franquismo y la transición, para quien la jueza Servini pidió la extradición, rechazada por la Audiencia Nacional en 2014.

"Es lamentable que a día de hoy haya que seguir recordando la necesidad de legislar a favor de las víctimas de la dictadura, mientras que parece que se sigue garantizando su impunidad”, declaró López.

Por último, hizo hincapié en que la Fiscalía “debe ser garante de los derechos fundamentales y aquí actúa como todo lo contrario, ya que niega la posibilidad de que los querellantes ejerciten sus derechos en el marco de un proceso judicial”.