Entre los colectivos que no acceden a estos servicios, la FPFE señaló a los inmigrantes que “por razones administrativas no cuentan con la tarjeta sanitaria”. A ellos añadió las personas en situación de mayor vulnerabilidad que difícilmente tienen acceso a la información y los servicios.

Además, esta federación explicó en una nota informativa que “hay que abordar los problemas de uso de los métodos anticonceptivos por parte de las personas jóvenes, y las desigualdades en la financiación y el acceso a los servicios entre las comunidades autónomas”.

En España, casi un 70% de las mujeres en edad fértil utilizan anticoncepción moderna, un porcentaje casi 30 puntos por encima del que se tenía en los años 80. Sin embargo, esta organización advirtió que entre los jóvenes este porcentaje se reduce al 60%, ya que usan anticonceptivos seguros de forma no continuada reduciendo, además, los métodos hormonales.

A este respecto, el presidente de la FPFE, Luis Enrique Sánchez, explicó que pese al aumento del uso de anticonceptivos en España, hay colectivos que “tienen más dificultades en el acceso a los servicios de asesoramiento contraceptivos, se exponen a un mayor riesgo de embarazos no planificados, desconocen en mayor medida la anticoncepción de urgencia y presentan tasas más altas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que el resto de la población”.

Ante esta situación, insistió en desarrollar estrategias de salud sexual y reproductiva y acordar con las comunidades autónomas “criterios que eliminen las desigualdades en el acceso a los servicios”.

Además, “es necesario que el sistema sanitario garantice la financiación de los anticonceptivos seguros, incluidos los más novedosos y la anticoncepción de urgencia. Incluso, la contracepción debe estar incluida en los planes de estudio del sistema educativo como parte de la educación afectivo-sexual”.

En el mundo, cerca de 222 millones de mujeres no tienen acceso a la información y los servicios de planificación familiar modernos.