Según explicó FE JONS en una nota de prensa, en este escrito se han formulado las conclusiones provisionales que describen la actuación del magistrado, quien, según esta formación, "pretendió desde su juzgado hacer una causa política para la que sabía que no era competente" y "replicó a la legalidad vigente, obviando los principios de legalidad, imperio de la ley, prescripción de los delitos e irretroactividad de la ley penal" y refutando la Ley de Amnistía de 1977.

"Todo ello", prosigue la nota, "por su interés en trasladar a la opinión pública sus tesis políticas y por su interés en acaparar el control de las exhumaciones que se pretendían llevar a cabo. Como muestra de su desmesurada actuación, proveyó sobre la fosa donde se presumía que estaban los restos de Federico García Lorca y sobre al demolición de la cárcel de Carabanchel".

FE JONS ha calificado los hechos de "prevaricación" y hace responsable al magistrado de los gastos ocasionados a la Administración Pública con motivo de la instrucción de la causa. Por ello, solicita que se le exija una fianza de 300.000 euros, cantidad que calcula provisionalmente por dichos gastos.