El alto tribunal destaca que no está en cuestión la represión del dopaje, sino el nivel de localización que la citada resolución del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de ‘localización habitual’ sino ‘localización permanente’, ya que alcanza a todos los días y horas del año, lo que resulta desproporcionado.

El Supremo rechaza el recurso de la Administración General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estimó un recurso de la Asociación de Ciclistas Profesionales, y anuló parcialmente el anexo II de la resolución mencionada, que es donde se regula el formulario de localización. Anulación que ahora se confirma.

Para el Supremo, “se trata de una medida que somete al deportista a un control permanente durante todas las jornadas y horas del año, excediendo así de lo que pueda considerarse como "habitual o frecuente", y debe calificarse de medida desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad, equiparable (…) a medidas de carácter penal de localización permanente, sin que exista la comisión de un delito”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Arozamena, recuerda que el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 7/2007, de 21 de noviembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, prevé una localización habitual pero no permanente. Y el anexo II de la resolución excede de esa previsión legal y de la reglamentaria que le da cobertura, siendo contrario al derecho a la intimidad protegido por el artículo 18 de la Constitución.

La sentencia señala que una cosa es la represión del dopaje deportivo y otra el límite de lo tolerable para lograr ese objetivo de lo que se ha dado en denominar “buen orden deportivo”. “La realización de los controles fuera de competición parece requerir contar con información sobre el paradero habitual de los deportistas; se impone por ello a estos últimos la obligación de declararlo”, señalan los magistrados, que advierten a continuación: “Ahora bien, si no todo vale para competir –y de eso no cabe duda- tampoco vale todo para controlar”.

Y en este caso, el anexo II del formulario de localización impone obligaciones que no están previstas en la Ley ni en el Real Decreto 641/2009. En concreto establece conocer “el lugar y el horario del trabajo y de los estudios del deportista”. Se trata, según el tribunal, de datos no vinculados con la actividad deportiva del deportista y cuya exigencia no aparece en la normativa citada.

Además, pide la localización durante todos los días del trimestre, aunque las ausencias del deportista de su domicilio habitual o de su lugar habitual de entrenamiento sea inferior a tres días. Pero “la normativa prevé que únicamente se informen las ausencias del domicilio habitual superiores a tres días, no cada día como se puede ver en el ejemplo que incorpora el formulario”.

Según el Supremo, la manera en la que la Administración está ejecutando esta normativa consiste en que a los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles se les está exigiendo que estén permanentemente localizados, al informarles que la obligación es que "la localización debe poder ser realizada en cualquier momento del día para controles en competición y entre las 06.00 horas y las 23.00 horas, con 60 minutos de disponibilidad total para los controles fuera de competición, en ambos casos durante todos los días del año". Dicha localización excede de lo que es localización habitual u ocasional y se convierte en localización permanente, reitera la sentencia.

“El deportista podrá elegir el lugar y la hora de cada día, pero una vez que ha realizado esa elección, deberá permanecer en ese lugar durante toda la hora por si la Administración decidiera hacer un control de dopaje. Se transforma una obligación formal en una material: ya no se trata de indicar el domicilio habitual y los cambios que se produzcan en el mismo. Se va más allá y se impone la obligación de presencia en un lugar y una hora durante los 365 días de un año por si el órgano de control decide someter a un control a un deportista”, reza la sentencia.

A juicio del Supremo, se pretende así que “todos los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles estén a su entera disposición, al menos durante una hora al día, ante la posibilidad de poder realizar controles de dopaje”.