El Comité considera que las bases del "Programa Vacaciones para Mayores" y de la resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de convocar la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el "Programa de Termalismo Social", “no establecen mecanismos que permitan garantizar plenamente la accesibilidad a dichos programas, especialmente, por parte de las personas con movilidad reducida o con otras necesidades de comunicación”.

En este sentido, el Cermi propone que, al tratarse de programas públicos, deberían incluirse cláusulas que establezcan unas condiciones mínimas de accesibilidad en los programas. “Hay personas que utilizan sillas de ruedas y que han tenido que renunciar a estos programas, ya que no tienen la seguridad de que los medios de transporte reúnan las condiciones de accesibilidad necesarias”, afirma el Cermi.

“Esta situación podría considerarse una discriminación indirecta, ya que, se puede ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad”, continúa el escrito.

Así, se solicita una cláusula que garantice que en cuanto a los viajes, los medios de transporte sean accesibles a personas con discapacidad, especialmente con movilidad reducida o que usen sillas de ruedas, al igual que en lo que se refiere a los establecimientos hoteleros.

El Cermi reivindica a los poderes públicos que les compete promover activamente medidas que vayan destinadas a “prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad”.

Por último, la plataforma de la discapacidad aclara que estas garantías mínimas que propone “son independientes de los plazos que establezcan las normas que regulan las condiciones de accesibilidad en el desarrollo de la Ley de Igualdad, No discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau) o de las que dispongan otras normas autonómicas y locales”.

Asimismo, destaca que, por el contrario, “queremos que se impongan unos determinados estándares de calidad, con independencia de las obligaciones legales y reglamentarias, sobre lo que debe resultar accesible en este tipo de programas públicos”.