Así valoró Bescansa, en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, la acumulación de casos de corrupción que afectan al PP y al PSOE y que esta semana han vuelto a cobrar actualidad tras la decisión de la Sala II del Tribunal Supremo de abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barbera, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Así como la petición de la Fiscalía de seis años de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y 10 años de inhabilitación de empleo o cargo público para su predecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE.

En ese sentido, Bescansa subrayó que estos casos ponen de manifiesto los “altos niveles de corrupción política y moral” existentes en España que se han visto favorecidos por un “sistema de impunidad garantizado normativamente y legislado” desde el propio Congreso de los Diputados.

Este “sistema de impunidad”, denunció Bescansa, tenía como objetivo “garantizar que incluso aunque pillen a la gente las posibilidades de salir impunes son muy altas”.

Esto le sirvió para reivindicar la necesidad de poner en marcha un Gobierno que trabaje para “revertir” una situación en la que jueces y fiscales inician investigaciones y descubren delitos que no son castigados porque prescriben o por marcos jurídicos que permiten a los corruptos no “rendir cuentas”.

Por todo ello, propuso “poner límites jurídicos a un estado de cosas que tienen que ver con una forma de hacer política durante 40 años en este país”.