El motivo de la demanda está relacionado con un proyecto de urbanización que emprendió en el municipio la sociedad mercantil La Cerca Nueva. La querella acusa al alcalde de retrasar y bloquear la concesión de la licencia de primera ocupación de las viviendas porque el promotor de la sociedad despidió a su esposa, que formaba parte de la dirección facultativa de la obra en su condición de aparejadora.

Además del alcalde, Fernado Garcinuño, del PP, y los concejales del mismo partido Carlos Iglesias y Laura Rubio, la querella se dirige contra la esposa del primer edil, Purificación del Barrio, y Pedro Pastor, arquitecto municipal.

Según consta en la querella, la dirección facultativa de la obra, formada por el arquitecto Luis Llorente y la arquitecto técnico (aparejador) Purificación del Barrio, esposa del alcalde, “y, según parece, impuesta por el edil al dueño de la Cerca Nueva S.L.”, dice textualmente el escrito, presentó en mayo de 2007 el certificado final de obra, solicitándose la licencia de primera ocupación en junio de ese año.

La querella afirma que en septiembre de 2007 se rompe la relación contractual con la aparejadora y mujer del alcalde, “quién habría cobrado en concepto de honorarios, la cantidad de 165.905 euros”.

A partir “de esa ruptura contractual", agrega, "provocada por la negativa del promotor-constructor a seguir subvencionando al alcalde por vía parental, se produce una carrera de obstáculos cada vez más insalvables tendentes, por parte del Ayuntamiento, a no conceder la licencia de primera ocupación y provocar la ruina de la empresa promotora-constructora y el incumplimiento contractual con los propietarios de las viviendas, ya compradas, y pendientes de escriturar y finalizar el pago”.

En este sentido, explica que tras la salida de la aparejadora del proyecto, el Ayuntamiento comenzó a poner trabas para la concesión de la licencia de primera ocupación y se empezaron a suceder una serie de exigencias que se prolongan durante años y que se mantienen en la actualidad. Entre estas exigencias cita las obligaciones de que el asfalto tuviera un nuevo grosor, de una potabilizadora y de un nuevo depósito de agua y la negación de la recepción de la urbanización, entre otras.

Además, la querella indica que el Ayuntamiento instrumentaliza a la madre de un concejal, Carlos Iglesias, para que denuncie unos vertidos de aguas fecales procedentes de la urbanización por sus posibles efectos nocivos sobre la salud. “Denuncia”, señala, “fácilmente calificable de obscenamente interesada dado que, durante veinte años, los vertidos se depuran y canalizan al mismo punto del actual, sin queja alguna de los vecinos, ni ante el Ayuntamiento, ni ante la Confederación Hidrográfica del Duero”.

A este respecto, añade que, finalmente, el promotor tuvo que pagar 40.000 euros a la madre del concejal para adquirir la finca destinada a dar salida a las aguas residuales.

Para los querellantes, “no hay duda de que la conducta de los acusados es dolosa puesto que el señor alcalde, consciente de la ilegalidad en que incurría, prosiguió mientras pudo e incluso en la actualidad sigue dictando bandos para ganar tiempo”, ya que, a su juicio, el objetivo de esta actuación es la “culminación de una venganza que pretendía la ruina, subasta y posterior adjudicación de La Cerca Nueva a personas afines al senor alcalde”.