En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega advirtió de que se están “mezclando diferentes planos del debate”, y aseguró que en todo caso el Gobierno no entra en ninguno de ellos.

Desde el punto de vista social, juzgó “evidente” que el proceso ha despertado sensibilidades por razones históricas, políticas y sociales, y la expresión de todas ellas “debe situarse siempre en el ámbito de la libertad de expresión”.

En cuanto al debate jurídico, el Gobierno considera que el asunto es “enormemente complejo” que debe ser resuelto por el Tribunal Supremo y que no será valorado hasta estudiar las razones motivadas que llevan a un fallo.

A ello se une, advirtió, la necesidad de respetar el derecho del juez a la presunción de inocencia, y respetar también la instrucción del Supremo, por lo que rechazó “adelantar acontecimientos”.

Con todas esas premisas, la vicepresidenta se mostró partidaria de “serenar y ponderar” el debate, y rechazó de plano las acusaciones de haberse decantado del lado del juez de la Audiencia Nacional.

Fernández de la Vega reconoció que ha habido manifestaciones de miembros del Gobierno “a título personal y en ejercicio de la libertad de expresión”, que en todo caso han sido “claramente respetuosas” con el Tribunal Supremo con la independencia del Poder Judicial.

Además, añadió, ha habido algunas declaraciones de respaldo “a la presunción de inocencia del juez”, lo cual no implica cuestionar la independencia judicial o pretender interferir en las decisiones del Supremo.

Mezclarlo todo, denunció, “es querer desviar la atención” utilizando temas y debates judiciales para quitar el foco de atención de “asuntos propios que afectan al PP”.