En concreto, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha decidido aplazar su decisión sobre los conflictos de competencias planteados por los juzgados de Granada y por los de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) a cuenta de la apertura de fosas con restos de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra.

Garzón ordenó en noviembre de 2008 al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que supervisara las labores de exhumación de la fosa común situada entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar, donde supuestamente se encuentra los restos de Lorca, aunque las últimas investigaciones han arrojado dudas sobre su ubicación. El juzgado de Granada se negó a abrir la fosa y devolvió el caso a Garzón.

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Los magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Juan Saavedra, han valorado a la hora de tomar esta decisión que “las cuestiones de competencia señaladas están directamente relacionadas con los hechos que se instruyen en la causa especial” contra Garzón, según consta en un providencia hecha pública hoy.

Esta similitud de fondo supone que la decisión que se adopte en la causa abierta contra Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo “condicionará directamente” el contenido de los conflictos de competencia planteados por los juzgados de Granada y de San Lorenzo del Escorial.

Estos dos conflictos de competencia fueron elevados al Supremo después de que Garzón archivase su investigación sobre los crímenes de la dictadura de Franco por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y decidiese inhibirse y enviar diferentes causas a varios juzgados de España para que fueran estos órganos los que se encargasen de la apertura de las diferentes fosas comunes diseminadas por el territorio nacional.

Los juzgado de Granada y los de San Lorenzo del Escorial se negaron a hacerse cargo de la apertura de fosas y devolvieron la causa a Garzón, quien a su vez elevó sendos conflictos de competencias al Supremo que posteriormente fueron acumulados en una misma causa.

La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se adopta “sin perjuicio de que, durante el tiempo en el que se prolongue la suspensión”, los familiares de las víctimas puedan ejercitar los derechos derivados de la Ley de Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Garzón está a punto de ser llevado a juicio acusado de un delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes de Franco. El instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela, está a la espera de que la Sala de lo Penal resuelva los recursos presentados y de que las acusaciones –Manos Limpias, Falange Española y Libertad e Identidad- presenten sus escritos para dictar la apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional.