La exposición razonada que da lugar a la apertura de la causa la envió al Supremo el Juzgado de instrucción número 2 de Santoña. Relataba cómo en el citado Ayuntamiento, entre 2003 y 2009, periodo en que ostentó la alcaldía Puerto Gallego, “habría sido habitual la adjudicación a determinadas empresas de ciertos servicios prescindiendo de concurso previo cuando se superaba la cuantía para la contratación menor y la no utilización del procedimiento abierto, firmando las facturas que se sometían a su pago”.

La mencionada exposición razonada describe que “el Ayuntamiento, esto es la junta de gobierno, de la que formaría parte la persona aforada, no habría seguido los procedimientos previstos por la normativa administrativa correspondiente en materia contractual”. El juez ha constatado la existencia de un fraccionamiento del objeto de los contratos con el fin de eludir el recurso a los procedimientos legalmente establecidos.

La exposición apoya estas consideraciones en las pruebas periciales practicadas y en los reparos emitidos en su momento por la intervención municipal en los que se ponían de manifiesto las irregularidades para poder acudir a la adjudicación directa.