Así lo anunció en rueda de prensa el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien explicó que el objetivo de esta reforma es acabar con la "psicosis" ciudadana de las escuchas y dotar de una estricta cobertura legal a los pinchazos que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Aunque esta iniciativa comenzó a elaborarse a raíz de las conversaciones aparecidas en el "caso Gürtel", González Pons la separó por completo de los procesos judiciales actualmente en marcha, aclaró que en ningún caso tendría carácter retroactivo y subrayó que se ha elaborado con "espíritu constructivo" para que pueda ser consensuada con el resto de las formaciones parlamentarias.

Una de las principales novedades del proyecto es que el PP plantea proteger las comunicaciones entre un periodista y su fuente informativa al mismo nivel que ahora tienen las conversaciones entre un acusado y su abogado defensor.

El PP quiere que la reforma, que implicaría cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, afecte a toda clase de comunicaciones que pueden producirse en la actualidad (llamadas de teléfono, mensajes de texto, correo electrónico, visita de páginas web, etc) y que prevea las que puedan desarrollarse en un futuro, sin perjuicio de que la ley se vaya adaptando con agilidad.

Además, la interceptación de las comunicaciones sólo podrá llevarse a cabo bajo autorización del juez y una vez abierto algún sumario, con lo que se plasma por escrito que la Fiscalía y la Policía no tendrían posibilidad de realizar este tipo de acciones previa apertura de una causa.

Si el juez quisiera recabar los datos del lugar de la llamada o la cuenta bancaria vinculada al teléfono tendría que solicitarlo expresamente, ya que el PP considera que ahora se está consultando toda clase de información paralela a la propia conversación autorizada.

También establece un mecanismo de protección del sistema para asegurar que no se producen filtraciones, de manera que el magistrado participe en todo el proceso desde que ordena la escucha hasta el mismo momento que se finaliza.

El material recabado se enviaría al juez encriptado y firmado de manera digital para que otras personas no tengan acceso y se destruiría en origen. Además, el juez tendría que revisar el contenido de la escucha, seleccionar lo verdaderamente útil para la causa abierta y destruir lo "irrelevante".

González Pons explicó que así espera que en los sumarios aparezcan datos o conversaciones de carácter "privado" que nada tienen que ver con lo que se investiga y que, cuando se hacen públicos, pueden poner en cuestión la "intimidad" del investigado.

Las razones para llevar a cabo esta reforma, según dijo, son la ausencia de una ley en España que regule el secreto de las telecomunicaciones, la "insuficiencia legal" sobre las escuchas que realmente se practican, la "inseguridad en la cadena de custodia" de las propias comunicaciones y la "inseguridad profesional" de los agentes que participan en ellas.

El dirigente del PP aseguró que el texto de la proposición de ley ya se ha enviado a CiU y PNV para que lo estudien, dado que hace meses también se mostraron interesados en sacar adelante una reforma parecida.

Anunció que también se piensa mandar una copia al PSOE y otra al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para tratar de buscar un acuerdo que permita sacar adelante la reforma de los populares.

Confió en que el tiempo que ha transcurrido desde la polémica organizada sobre las escuchas de Sitel en el "caso Gürtel" sirva para templar los ánimos en el ámbito parlamentario y facilitar un acuerdo sobre esta cuestión que el PP considera de lo más trascendente.