De acuerdo con el informe 'Terreno Peligroso' de la ONG People Witness, 2015 fue el peor año de la historia en este sentido, con récord de asesinatos.

El país con mayor número de muertes por activismo a favor del territorio es Brasil, donde perdieron la vida 50 personas, pero son muchas las naciones donde se suceden este tipo de crímenes.

Numerosas ONG españolas trabajan mano a mano con movimientos de defensa de los bosques, ríos y recursos naturales para, según la Congde, ofrecer una mayor protección y dar la voz de alerta internacional cuando se producen las amenazas.

No obstante, los cooperantes son conscientes de ser una pieza más dentro de un complejo engranaje en el que sus actuaciones son imprescindibles pero limitadas, con lo que los distintos actores implicados (gobiernos locales, instancias internacionales, empresas transnacionales…) “deben asumir sus responsabilidades”.

Por todo ello, la Congde exigió al próximo Gobierno “una postura coherente” en este terreno, para que su política de cooperación contribuya al desarrollo sostenible en terceros países.

“Las empresas multinacionales deben respetar el medio ambiente y los derechos de las comunidades; el expolio de los recursos y la violación de derechos humanos han de perseguirse de manera efectiva, y los asesinatos de activistas medioambientales deben ser investigados para depurar las responsabilidades directas e indirectas de los crímenes”, subrayó.

Hay varias ONG que trabajan en este campo como Entreculturas, que acompaña a los “últimos pueblos libres” de Brasil en la defensa de sus tierras.

Su trabajo diario contribuye a evitar las invasiones y el expolio de los recursos de las más de 100 tribus no contactadas que habitan el interior del Amazonas brasileño.

Por su parte, manos Unidas colabora con una ONG paraguaya para proteger el aislamiento de los ayoreo. Gracias a la lucha que han llevado a cabo durante los últimos veinte años, estos indígenas han logrado la restitución de unas 121.600 hectáreas de bosques y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establezca medidas cautelares que obligan al Estado paraguayo a proteger los bosques, reconocer la titularidad del territorio ancestral indígena y prevenir contactos no deseados.

Sin embargo, ninguna autoridad paraguaya ha tomado medidas efectivas para detener el avance de la deforestación.

En Honduras, Oxfam Intermón mantiene una campaña para exigir la cancelación del proyecto Agua Zarca y la retirada de los bancos inversores, así como el reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas amenazados.

Este proyecto de la empresa china Sinohydro implica expulsar a los indígenas lenca de su territorio y privarles del acceso al agua del río Gualcarque. La activista Berta Cáceres fue asesinada en marzo por oponerse a esta construcción.