A fin de evitar que las elecciones caigan el día 25 de diciembre, como sucedería si fracasaran los intentos en curso para formar Gobierno y se repitiesen los comicios, en la escena política se plantea la eventualidad de realizar una reforma de urgencia de la Ley electoral vigente, con objeto de reducir la duración de la campaña electoral y así lograr adelantar las elecciones y eludir la coincidencia con la fiesta de Navidad.

Si finalmente esta posibilidad se materializara, el movimiento de la discapacidad reclama que “esa reforma de la legislación electoral se extienda también al reconocimiento del derecho de voto a todas las personas con discapacidad, de forma que ninguna de estas personas en el futuro se vea privada de este derecho fundamental”.

“Dado que todas las fuerzas políticas han asumido este compromiso de cambio normativo en la pasada campaña, la posible reforma electoral para acortar plazos sería la ocasión idónea para acabar con una vulneración flagrante de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, añadió el Cermi.

En España, según datos oficiales recientes de la Oficina del Censo Electoral, obtenidos a requerimiento del Cermi, hay aproximadamente 100.000 personas privadas del derecho de voto, en virtud de sentencia judicial de incapacitación civil, por motivos asociados a discapacidad.