En rueda de prensa, Gutiérrez mostró su temor a que igual que sucedió con la prueba de sexto de Primaria este año, cada Comunidad Autónoma “haga lo que le parezca por la inoperancia del Ministerio”.

Recordó que aunque hasta el curso 2017-2018 “no se necesitan las reválidas para obtener el título”, en el presente ejercicio ya desaparece Selectividad y se entiende que la prueba final de Bachillerato se tendrá en cuenta de cara al ingreso en la universidad.

Por tanto, es preciso “establecer unos estándares comunes en cuanto a los contenidos, criterios de evaluación y métodos de corrección”.

“Hay que garantizar que un 6 en Madrid sea igual que un 6 en Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo”, apuntó Gutiérrez.

Según explicó, aunque el ministerio acordó con la CRUE los contenidos generales a evaluar (ya se aprobó el Real Decreto), “todavía están pendientes las órdenes y las instrucciones. No sabemos ni qué criterios de evaluación se aplicarán, ni cuantos profesores harán falta, ni que temas concretos entrarán en exámen”.

El riesgo es que cada Comunidad decida por sí misma, apuntó, y que la dificultad varíe en función del territorio.

“Si no es lo mismo la nota en una Comunidad que en otra y luego los alumnos pueden optar a universidades de toda España, el sistema sería profundamente injusto”.

Por eso, Gutiérrez pidió “liderazgo” al Ministerio para “imponer unos criterios comunes”, y lamentó “la incertidumbre con que nace este curso, debido al largo período de Gobierno en funciones”.

Además, prosiguió, el objetivo de la Ley es garantizar unos conocimientos comunes a final de etapa a todos los alumnos, algo imposible si las evaluaciones son muy diferentes.

A juicio de CSIF, dado que el Gobierno central es el único que puede otorgar títulos académicos, “las reválidas tendrán que celebrarse sí o sí (de lo contrario, muchos estudiantes se quedarían sin titular”.

Cuestión distinta es “cómo lo hagan”, concluyó.