Así lo reconocieron fuentes gubernamentales tras la segunda votación de investidura de Rajoy, que igual que la primera arrojó 170 votos a favor y 180 en contra, con lo que no obtuvo la confianza de la Cámara.

El artículo 134.3 de la Constitución establece que el Gobierno tiene que presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de que expiren los anteriores, es decir, antes del 1 de octubre.

En todo caso esa ley tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre porque, en caso contrario, se prorrogan automáticamente hasta la entrada en vigor de los nuevos, en caso de tramitarse y aprobarse.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que el Ejecutivo “indudablemente estudiará muy concienzudamente” si puede actualizar las pensiones o el salario de los funcionarios a pesar de no poder elaborar esos nuevos Presupuestos.

"Dentro de las limitaciones trataremos de no perjudicar a nadie”, dijo, aunque alertó del "coste claro" que esa prórroga tendría para los ciudadanos y para los agentes económicos.

El Gobierno tiene claro que estando en funciones no puede presentar esos Presupuestos porque no tiene capacidad para aprobar proyectos de ley, y la competencia presupuestaria es exclusiva del Ejecutivo, sin que pueda ser suplida por los grupos parlamentarios.

Al no haber fructificado la investidura de Rajoy, el Gobierno considera que, incluso en caso de que pudiera haber algún tipo de acuerdo para aglutinar una mayoría antes de convocar nuevas elecciones, sería sin margen de tiempo para presentar ese proyecto.