Así lo afirma en un artículo publicado en el diario "Público" y recogido por Servimedia que aborda la declaración que hoy presta el magistrado con motivo de la querella por cohecho y prevaricación presentada contra él por no inhibirse en una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Esta entidad financió los cursos moderados por Garzón en la Universidad de Nueva York.

Jiménez Villarejo ya fue duramente criticado tras intervenir en el acto de apoyo al magistrado convocado el martes por los sindicatos en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Allí, afirmó que los jueces del Supremo se han convertido en un "instrumento" del falangismo y acusó a todo el gremio de complicidad con las torturas del franquismo.

En su artículo de hoy, el ex fiscal Anticorrupción recuerda que la propia Universidad de Nueva York aclaró que el patrocinio de 327.000 dólares "no guarda relación alguna con la remuneración" de Garzón y asegura que buscar patrocinios en persona "es lo que vienen haciendo desde hace 25 años los presidentes o directivos de las asociaciones de jueces y fiscales" para "la celebración de sus congresos anuales".

Además, acusa al Supremo de pretender crear "una confusión interesada" cuando afirma en su auto de admisión de la querella que el hecho de que Botín estuviera imputado en un procedimiento en la Audiencia Nacional explica que se solicitara el patrocinio a su banco. Según explica, ese procedimiento fue el del fraude fiscal de las cesiones de créditos, y en él "Garzón no tuvo ninguna intervención".

Lo que hizo Garzón, prosigue Villarejo, fue no admitir a trámite una querella contra Botín "y 22 personas más", entre ellas el ex gobernador del Banco de España Luis Ángel Rojo. En opinión del autor, fue "una resolución ampliamente motivada y de conformidad con el fiscal", y de hecho "posteriormente la ratificó la Audiencia Nacional", por tanto, "debe excluirse rotundamente que Garzón dictara una resolución injusta".

Finalmente, el ex fiscal Anticorrupción critica que los mismos juristas que han admitido esta querella contra Garzón son quienes introdujeron la "doctrina Botín" de archivar un procedimiento si la acusación de popular no era acompañada por la del fiscal. Con ella, según Villarejo, se trataba de impedir "abusos" de la acción popular como los que, a su juicio, se producen en esta querella, que "carece de todo fundamento".