Con la convalidación del decreto por parte de la Cámara Baja, la norma concluye su tramitación, por lo que las medidas que incluye entrarán en vigor de forma inmediata.

Estas medidas, consensuadas por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y los responsables autonómicos de Salud el pasado 18 de marzo, supondrán también un ahorro de 100 millones de euros para los bolsillos de los consumidores, según el Ejecutivo.

POR LA SOSTENIBILIDAD

En la presentación de la norma en la Cámara Baja, la ministra del ramo subrayó la "excelencia" del SNS, pero señaló a renglón seguido que hay que asegurar "su sostenibilidad".

Desde esta perspectiva, recordó Jiménez, Gobierno y CCAA adoptaron en su última reunión del 18 de marzo "unos acuerdos que vienen a ser una hoja de ruta consensuada, con medidas y actuaciones inmediatas" y con otras que se implementarán "a medio plazo", hasta 2013.

Las medidas que entrarán en vigor inmediatamente son las recogidas en este decreto, que constituye una propuesta "ajustada" que racionalizará el gasto farmacéutico, algo necesario teniendo en cuenta que la acctual crisis económica "está teniendo importantes consecuencias para las arcas de la sanidad pública", reconoció la ministra.

El ahorro en el gasto farmacéutico no significa, añadió seguidamente, una merma de la calidad de las prestaciones, sino una corresponsabilidad de todos los agentes implicados en el sistema público de salud.

"INSUFICIENTE"

Aunque la norma contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, los diputados coincidieron en señalar que es "insuficiente" al no disponer de medidas encaminadas, por ejemplo, a reducir el consumo de medicamentos y a fomentar el uso de los genéricos entre la población. En este sentido, la ministra se comprometió a impulsar el uso de genéricos "desde mañana mismo".

Así, el texto "tiene lagunas importantes" para el PP, porque según explicó su diputado Mario Mingo no supondrá el ahorro de 1.500 millones de euros presupuestado por el Gobierno, sino menos, destruirá empleos y empresas y recortará sólo el precio de los fármacos que son ya más baratos.

Para aumentar el ahorro farmacéutico, Mingo pidió que se suprima la subida del IVA para los productos de las boticas y solicitó también que el decreto se tramitara como proyecto de ley urgente, algo que no contó con el apoyo de la mayoría.

Gaspar Llamazares, de IU, y Concepción Tarruella, de CiU, dieron un "apoyo crítico" y "con reparos" al decreto, porque consideraron que sus medidas son "insuficientes" y "coyunturales", algo que manifestaron también Rosa Díez, de UPyD, y Uxue Barkos, de NaBai, que echaron de menos otras iniciativas.

En este sentido, Llamazares pidió "medidas más equilibradas" para dar "un apoyo claro" al fomento de los genéricos y Joseba Agirretxea, del PNV, encontró "necesario el decreto", si bien vaticinó que "no solucionará la situación económica", al ser sólo "una especie de analgésico" para un sistema público de salud que necesita "una revisión global".

EL DECRETO

El Gobierno sostiene que el decreto recoge "una serie de medidas financieras de contención, austeridad y reducción del gasto farmacéutico" a través de la moderación del crecimiento de la factura de las farmacias, algo que para la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, es "coherente", pero negativo para su sector.

Concretamente, estas medidas se basan en la reforma del sistema de precios de referencia, en la reducción del precio medio de los genéricos y en una regulación más precisa de los descuentos que realicen los distribuidores a las farmacias.