El objetivo de esta comisión, formada por doce personas, es poder analizar al detalle la sentencia del TC y determinar si la misma supone un menoscabo en los derechos e intereses generales de la comunidad y sus ciudadanos.

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, aseguró que el Gobierno valenciano "no va a consentir que se menoscabe ni un solo derecho de los valencianos y mucho menos que el Gobierno socialista conceda a otras comunidades lo que niega a la Comunidad valenciana”.

Desde el Gobierno valenciano "entendemos que lo que determine el TC como constitucional para Cataluña, también lo será para el resto territorios y por tanto, el Consell está dispuesto a aplicar la 'cláusula Camps' de nuestro Estatuto de autonomía para tramitar su reforma de manera inmediata, si entendemos que la resolución del TC vulnera derechos e intereses generales de los valencianos”, explicó.

Para Castellano, “la política sin rumbo del Gobierno socialista ha generado conflictos territoriales que ahora el TC se ve obligado a resolver y por ello, desde la Comunitat seguiremos atentos a esa resolución para que no se menoscabe ningún derecho que corresponda a los valencianos”.

Al respecto, el consejero aseguró que los valencianos “no vamos a consentir más afrentas ni discriminaciones porque somos tan ciudadanos de primera como los de cualquier otra comunidad y no vamos a tolerar que, por intereses electoralistas y partidistas, el Gobierno socialista nos relegue a un segundo plano".

Por último, Castellano reiteró que un Estatuto “no puede arrogarse derechos y deberes que sólo otorga la Constitución” y por ello, aseguró que “si el TC acepta cómo válido el Estatuto de Cataluña, la Generalitat utilizará todos los instrumentos a su alcance para garantizar la no discriminación territorial en temas clave como el agua, la financiación, las infraestructuras y en todas aquellas cuestiones que dañen nuestros intereses estratégicos y económicos”.