Esta es la segunda vez que el Constitucional ordena la paralización de los derribos. El pasado 18 de febrero, el tribunal ya decretó la suspensión de los trabajos al admitir a trámite el recurso del Ejecutivo contra el decreto ley que permitió en un primer momento la actuación urbanística.

Esta vez, el recurso del Gobierno estaba dirigido contra la Ley de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, que sustituyó y derogó el decreto ley ya recurrido.

El Ejecutivo socialista decidió llevar las demoliciones de El Cabanyal ante el Tribunal Constitucional al considerar que el Gobierno de Francisco Camps vulneró sus competencias al aprobar la citada ley.

La ley de la Generalitat Valenciana declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (Pepri) del barrio de El Cabanyal "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad".

UNANIMIDAD

El Pleno del Constitucional, encabezado por su presidenta, Maria Emilia Casas, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno por unanimidad de todos los magistrados, según señalaron fuentes del tribunal.

El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de la Generalitat Valenciana y al presidente de las Cortes Valencianas.

El plan de derribos fue impulsado por el Ayuntamiento de Valencia para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través del barrio. El Ministerio de Cultura ordenó en enero pasado la paralización de las actuaciones al considerar que el proyecto supone un expolio al patrimonio histórico y artístico, ya que El Cabanyal está declarado Bien de Interés Cultural.