La propuesta significa modificar la vigente Ley del Estatuto del Empelado Público para establecer la reserva a favor de personas con discapacidad en un 7%, creando una subcuota específica del 2% para personas con discapacidad intelectual.

El cambio normativo supondría extender esta obligación a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), al considerarse el Estatuto del Empleado Público, una legislación básica vinculante para todos los estamentos públicos.

Desde 2009, el Gobierno central, a través de la oferta de empleo público anual, ya realizaba esta reserva del 7%, pero con la reforma legal, una vez aprobada, abarcaría, así, a todas las Administraciones.

Además, la proposición de ley incorpora otros avances como es que, en todas las convocatorias, las plazas reservadas para trabajadores con discapacidad se tienen que realizar en turnos independientes.