Según informó la Policía, los ciudadanos chinos nunca llegaban a trabajar como empleados de hogar y una vez obtenían la residencia regresaban a Barcelona, donde estaban afincados, para trabajar en el sector textil.

El líder de la trama, también detenido, conseguía empleadores, españoles o extranjeros con permiso de residencia, a los que pagaba entre 1.500 y 2.000 euros por cada ciudadano chino que daban de alta en la Seguridad Social como empleados de hogar. A su vez, los ciudadanos chinos abonaban unos 8.000 euros a la organización por los servicios prestados.

El cabecilla de la red obtenía la mayoría de los empleadores en su entorno laboral, ya que la mayor parte de los detenidos por falsedad documental y pertenencia a grupo criminal son trabajadores del sector hostelero de la isla de Lanzarote. La mujer del líder de la organización, de nacionalidad china, también daba de alta a supuestos empleados de hogar a cambio de dinero. A ella le fueron intervenidos 14.480 euros en el aeropuerto de la isla cuando regresaba de obtener el cobro que los ciudadanos chinos le debían por sus servicios.

Durante el registro en su domicilio los agentes se han incautado de material informático y documentación que confirmaba que toda la actividad de la red se centraba en su líder, que se encargaba de tramitar la documentación, buscar supuestos empleadores y organizar los viajes para realizar los trámites dirigidos a la regularización de los ciudadanos chinos, entre otras actividades.

La red tenía otros dos pilares importantes para su funcionamiento, siendo uno de ellos una funcionaria (empleada del padrón municipal) del ayuntamiento de una localidad lanzaroteña que facilitaba la inscripción de estos ciudadanos irregulares, trámite necesario para su regularización. Los agentes descubrieron a casi treinta personas empadronadas en el domicilio del cabecilla de la organización y otras cuatro en el de la propia funcionaria, que también habría dado de alta a supuestos empleados de hogar de nacionalidad china.

El otro pilar de esta red era la apariencia legal que se daba a las contrataciones desde una gestoría, que proporcionaba nóminas y contratos falsos para que el resto de implicados pudieran presentarlos en las instituciones públicas si se investigaban esas relaciones laborales. El responsable de esta gestoría también está entre los detenidos.