La proposición de ley de CiU pide al Gobierno que modifique la legislación vigente para que la reserva de empleo público para personas con discapacidad pase del cinco por ciento actual al siete por ciento en todas las administraciones públicas.

La demanda del Grupo Catalán, que contó con 338 votos a favor y una abstención, coincide con el anuncio hecho hoy mismo por el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, de garantizar por ley el incremento del cinco por ciento al siete por ciento de la reserva de empleo público para las personas con discapacidad, pero sólo en la Administración General del Estado.

En su defensa de la iniciativa, el diputado de CiU Carles Campuzano reconoció que el Gobierno viene aplicando ya una reserva de empleo público para personas con discapacidad del 7% en la Administración General del Estado, pero añadió que debería ir más lejos y garantizarlo por ley en el conjunto de las administraciones públicas y no sólo en las del Estado.

Campuzano subrayó también que el dos por ciento adicional que propone su grupo para la reserva de empleo público para personas con discapacidad tendría que destinarse a los ciudadanos con discapacidad intelectual, "severamente excluidos del mercado laboral".

En la misma proposición, CiU aboga por que la realización de pruebas de acceso "independientes" para personas con discapacidad que ya viene haciéndose pase de ser "facultativa" a "obligatoria".

Igualmente, el Grupo Catalán quiere que se dé preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la posible concurrencia de una discapacidad.

Finalmente, CiU propone que si las plazas reservadas y cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran el cuatro por ciento del total de las convocadas, las no cubiertas se acumulen al cupo del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15 por ciento.

CONTRATACIÓN DIRECTA

Conjuntamente con la toma en consideración de la proposición de ley de CiU se debatió otra del PNV que apuesta por la contratación directa por parte del Estado de los servicios ofrecidos por centros especiales de empleo de titularidad pública que la Cámara aprobó finalmente por 337 votos a favor, una abstención y un voto en contra, a pesar de que el PSOE manifestó en el debate su oposición a la iniciativa por "contradecir" la legislación europea.

Según explicó en la defensa de la proposición el diputado del PNV Emilio Olabarría, la actual Ley de Contratos del Servicio Público establece la preferencia en la adjudicación de contratos a empresas que igualando la oferta de servicios tengan en su plantilla un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidades, algo, que, en su opinión, "es una falsa de discriminación positiva".

Y lo es, explicó, porque "es imposible" concebir que un centro especial de empleo pueda competir en condiciones de igualdad con una empresa ordinaria, por lo que resulta "una quimera". Ante esta situación, el Grupo Vasco considera que este requerimiento de la Ley de Contratos del Sector Público no se cumple y resulta, por tanto, "insuficiente".

Por eso propone que se reforme la Ley de contratos del Sector Público para que se pueda recurrir al procedimiento de adjudicación directa previsto por los artículos 122 y 95 de esta norma, prescindiendo de los requerimientos vinculados a cuantías máximas del contrato, cuando el prestador del servicio sea un centro especial de empleo de titularidad pública que acoja a personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral.

Si esta propuesta no llega a materializarse, advirtió Olabarría, se acabará con los centros especiales de empleo, muy importantes para la inserción laboral de los ciudadanos con discapacidad.