Se trata de una proposición no de ley con la que la coalición liderada por Alberto Garzón busca impulsar esa normativa que luche contra la discriminación de ese colectivo.

Esta formación reclama un "protocolo de actuación integral para tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, así como para perseguir estos delitos de odio de forma contundente", con la garantía de recursos económicos y humanos para poder resultar eficaz.

Los firmantes de la proposición, entre los que está Garzón, advierten de los datos "escalofriantes" sobre delitos de odio en España, aquellos que se cometen contra personas por su pertenencia a una etnia, raza, discapacidad, religión, orientación o identidad sexual, con un "importante peso" de los cometidos por orientación sexual o identidad de género. Esas agresiones, explican, incluyen amenazas, robos y también son físicas, como abusos y violaciones.

MÁS MENORES AGREDIDOS Y AGRESORES

La iniciativa pretende promover la denuncia por parte de las víctimas, y sus promotores hacen hincapié en algo que consideran especialmente "grave", y es que según los estudios de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) respecto al año anterior se ha duplicado el número de menores de este colectivo que han denunciado agresiones, y ha aumentado también el número de agresores menores de edad.

Esos datos, dicen, demuestran la necesidad de aumentar la formación y la sensibilización de las nuevas generaciones para prevenir este tipo de comportamientos. Reclaman por ello planes para que los profesores de colegios e institutos puedan instruir a sus alumnos en la diversidad afectivo sexial y aprendan a atender y prevenir posibles casos de acoso. Esos mismos planes los piden también para los agentes de Policía y Guardia Civil.

IU considera "preocupantes" los datos de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, según los cuales entre el 60% y el 90% de las personas que sufren delitos de odio no los denuncian, sobre todo por miedo a represalias, a la sensación de vulnerabilidad y a la desconfianza en que la denuncia pueda cambiar la situación.