La demanda de CiU coincide con el anuncio hecho hoy mismo por el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, de garantizar por ley el incremento del cinco por ciento al siete por ciento de la reserva de empleo público para las personas con discapacidad, pero sólo en la Administración General del Estado.

En su defensa de la proposición, el diputado de CiU Carles Campuzano reconoció que el Gobierno viene aplicando ya una reserva de empleo público para personas con discapacidad del 7% en la Administración General del Estado, pero añadió que debería ir más lejos y garantizarlo por ley en el conjunto de las administraciones públicas y no sólo en las del Estado.

Campuzano subrayó también que el dos por ciento adicional que propone su grupo para la reserva de empleo público para personas con discapacidad tendría que destinarse a los ciudadanos con discapacidad intelectual, "severamente excluidos del mercado laboral".

En la misma iniciativa, CiU aboga por que la realización de pruebas de acceso "independientes" para personas con discapacidad que ya viene haciéndose pase de ser "facultativa" a "obligatoria".

Igualmente, el Grupo Catalán quiere que se dé preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la posible concurrencia de una discapacidad.

Finalmente, CiU propone que si las plazas reservadas y cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran el cuatro por ciento del total de las convocadas, las no cubiertas se acumulen al cupo del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15 por ciento.

CONTRATACIÓN DIRECTA

Conjuntamente con la toma en consideración de la proposición de ley de CiU se debatió otra del PNV que apuesta por la contratación directa por parte del Estado de los servicios ofrecidos por centros especiales de empleo de titularidad pública que la cámara no aprobará al no contar con el visto bueno del PSOE, que considera que la iniciativa "contradice" la legislación europea.

Según explicó en la defensa de la proposición el diputado del PNV Emilio Olabarría, la actual Ley de Contratos del Servicio Público establece la preferencia en la adjudicación de contratos a empresas que igualando la oferta de servicios tengan en su plantilla un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidades, algo, que, en su opinión, "es una falsa de discriminación positiva".

Y lo es, explicó, porque "es imposible" concebir que un centro especial de empleo pueda competir en condiciones de igualdad con una empresa ordinaria, por lo que resulta "una quimera".

Ante esta situación, el Grupo Vasco considera que este requerimiento de la Ley de Contratos del Sector Público no se cumple y resulta, por tanto, "insuficiente".

Por eso propone que se reforme la Ley de contratos del Sector Público para que se pueda recurrir al procedimiento de adjudicación directa previsto por los artículos 122 y 95 de esta norma, prescindiendo de los requerimientos vinculados a cuantías máximas del contrato, cuando el prestador del servicio sea un centro especial de empleo de titularidad pública que acoja a personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral.

Si esta propuesta no se aprueba, vaticinó Olabarría, se acabará con los centros especiales de empleo, muy importantes para la inserción laboral de los ciudadanos con discapacidad.

Del debate conjunto de estas proposiciones se desprende que la de CiU contará con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, mientras que la del PNV se encontrará, al menos, con el rechazo de los socialistas y de UPyD, además de con la abstención del PP, que teme que se genere falsas expectativas a las personas con discapacidad.