Fernández de la Vega explicó a los delegados el contenido del decreto de medidas económicas aprobado el pasado viernes y trató con ellos la aplicación del plan de austeridad.

Las medidas que afectan directamente a las delegaciones del Gobierno supondrán un ahorro de 37,9 millones de euros desde 2011 hasta 2013, más dos millones declarados no disponibles en los presupuestos de este año.

El ahorro se generará sobre todo en los capítulos de gastos de funcionamiento, obras de adaptación y remodelación, y en la parte proporcional que les corresponde de no cobertura de vacantes.

La intención es que ese ahorro no dificulte la prestación de servicios a los ciudadanos sino que, más bien al contrario, repercuta en una mayor eficacia, para lo cual se ha acordado estudiar las demandas concretas que puedan satisfacerse, por ejemplo, con cursos de formación para que el personal sea más polivalente.

A todo ello se unirá el plan para reducir y reestructurar la administración general del Estado y el sector público empresarial, cuya aprobación ha vuelto a retrasarse, esta vez al último consejo de ministros de este mes, ya que la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, estará ausente los dos próximos viernes.

El Gobierno insiste en que proporcionalmente y en comparación con los demás países de la Unión Europea la administración general del Estado es más bien pequeña por lo que el recorte debe hacerse con cautela sobre la base de que en todo caso será significativo.