Según el Cermi, en una primera fase de aumento estas pensiones deben equipararse con el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) vigente, de modo que las personas que las reciben puedan tener asegurados unos mínimos vitales.

"En los últimos años se viene produciendo un descenso constante en el número de pensionistas no contributivos por discapacidad, por lo que este ahorro para el Estado debe traducirse en un incremento de las cuantías, que son sumamente bajas", indica la entidad en una nota.

Igualmente, el Cermi plantea que se siga flexibilizando el régimen jurídico de estas pensiones para que se hagan compatibles, sin límite temporal, con el desempeño de una actividad remunerada.

Además, considera que debería tomarse en cuenta solo la capacidad económica de la persona, no de la unidad de convivencia, como ocurre ahora, que limita la autonomía individual de los perceptores.