Según informó el Cermi en una nota, una reforma legal de 2015, siguiendo mandatos de la Unión Europea, obliga al Estado a recuperar y gestionar los activos y efectos procedentes de la comisión de delitos y a aplicarlos, entre otros, a fines sociales de atención a víctimas.

Con este objetivo, el Ministerio de Justicia creó en 2015 una oficina específica dedicada a la recuperación y gestión de activos provenientes de delitos, que se encargará también de convocar las líneas de ayudas a víctimas.

Uno de los sectores de víctimas de delitos a los que pueden dirigirse los programas de atención social sufragados con fondos procedentes de la recuperación y gestión de estos activos es el de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, según figura en la ley de 2015 reguladora de este nuevo mecanismo, gracias a una propuesta planteada por el Cermi en su momento y asumida por el Parlamento.

"En el movimiento social de la discapacidad son muchas las organizaciones sociales no lucrativas, de distinto ámbito territorial, que vienen desplegando desde antiguo programas de atención a este tipo de víctimas, por lo que objetivamente la discapacidad es un grupo de interés de los trabajos de esta oficina y en concreto para los programas sociales pendientes de convocarse", agrega la nota.

El Cermi pide a Justicia que inicie ya la convocatoria de ayudas sociales con los resultados de las recuperaciones de activos producidas en 2015 y 2016. Según datos del propio Departamento ministerial, en el primer semestre de 2016 el valor de los bienes embargados y decomisados gestionados por la oficina ascendió a 23 millones de euros.