Asimismo, durante el año pasado fueron sancionadas en Madrid 342 personas, de un total de 1.787 expedientadas por consumo público de drogas.

Según la Delegación del Gobierno, estas actuaciones son resultado de la vigilancia y presión policial que se está ejerciendo sobre os lugares de venta y consumo de sustancias estupefacientes.

Las medidas sancionadoras se fundamentan en la conocida como "ley Corcuera", que tipifica como infracción grave tanto el tráfico como el consumo de sustancias estupefacientes en locales públicos y prevé como medida cautelar el cierre de los mismos por un período de tres meses, ampliable hasta seis. Igualmente, establece sanciones económicas que oscilan entre 500.000 y un millón de pesetas.