En total, 23 expedientes fueron incoados por la comisión de una falta muy grave, bien por infrigir alguna de las incompatibilidades establecidas por ley, por entrometerse o presionar a algún otro órgano judicial, por el abandono o retraso injustificado de su función o por el enfrentamiento rave y reiterado con las autoridades de la circunscripción en que desempeña su cargo.

Otros 4 jueces fueron expedientados por incurrir en una falta grave, como no respetar a sus superiores o exceso de autoridad con el personal de los juzgados, mientras que otros 2 expedientes fueron abiertos por falta leve, entre las que figuran la desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico judicial o la negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

Durante ese periodo, fueron resueltos un otal de 45 expedientes disciplinarios, de los que 22 terminaron con algún tipo de sanción que, dependiendo de la gravedad de la infracción, puede suponer una advertencia, una multa o la separación de su cargo.

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial recibió en 1993 un total de 1.495 denuncias contra la actividad de los jueces y magistrados, de las que 735 fueron archivadas de plano por referirse a cuestiones jurisdiccionales o ser ajenas a la competencia de esa institución.

Por el cntrario, el máximo órgano de Gobierno de los jueces incoó un total de 760 informaciones, de las que 601 fueron abiertas por denuncias de retraso.